Aído, preocupada por el descenso de denuncias por violencia machista

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha mostrado su "especial" preocupación por el descenso de denuncias por violencia machista, ya que ha considerado que éstas son la "puerta de acceso" de las víctimas al sistema de protección.

Según los datos del primer trimestre del año sólo tres de las 19 fallecidas en ese periodo presentaron denuncia, lo que supone sólo el 15,8% de las mujeres asesinadas, mientras que en los mismos meses de 2009 el porcentaje era del 45,5%.

En este sentido, la ministra ha reconocido que "hay que mejorar" en cuanto a las unidades de valoración forense.

La semana pasada, el informe del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ puso el acento en la falta de valoración policial del riesgo que padecieron 10 mujeres que habían denunciado y luego fueron asesinadas.

Aído ha dicho que el número de muertes por violencia machista no puede ser el único indicador para medir el éxito en la lucha contra "esta lacra", sino que hay otros, precisamente, como el número de denuncias o las órdenes de protección y alejamiento.

La ministra de Igualdad, en la rueda de prensa durante el receso de la Conferencia Sectorial de la Mujer, ha acordado con los responsables en la materia de las comunidades y ciudades autónomas destinar un total de cinco millones de euros al Fondo para la Asistencia Integral de las víctimas de violencia de género. De ellos, 1,5 millones irán destinados a programas de atención específica a los 800.000 niños que, según las estimaciones del Gobierno, están afectados por esta lacra social.

Exportación del modelo español

Aído ha afirmado que se ha "conseguido que el modelo español sea el modelo de referencia en Europa" en la lucha contra la violencia machista. No obstante, la ministra reconoció la existencia de"resistencias importantes" en la Comisión Europea para implantar una de las propuestas de la presidencia española, la orden europea de protección para mujeres maltratadas, aunque destacó que "18 países ya han dicho sí a seguir adelante" con la iniciativa y España "no va a desistir".

Al término de la Conferencia, los consejeros de Igualdad de las comunidades y ciudades autónomas han posado con la ministra para "sacar tarjeta roja al maltratador" en apoyo a la última campaña de sensibilización que, con este lema, ha impulsado el Ministerio.

El reparto de este fondo seguirá un criterio de proporcionalidad atendiendo a la población, con un mínimo garantizado de 140.000 euros para cada comunidad autónoma y de 60.000 para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Fuente: El Mundo

Varias Noticias sobre Violencia de Género

Las empresas de inserción abren la puerta a mujeres maltratadas y discapacitados.

El Gobierno andaluz aprueba el decreto para regular las empresas de inserción.
http://diariodesevilla.es/article/andalucia/682842/las/empresas/insercion/abren/la/puerta/mujeres/maltratadas/y/discapacitados.html

El sindicato policial imparte cursos de defensa a mujeres maltratadas.

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/04/21/sindicato-policial-imparte-cursos-defensa-mujeres-maltratadas/377312.html

Alertan que mujeres maltratadas no denuncian en Venezuela.
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=328698

Unos 200 policías locales participan en las jornadas sobre actuaciones en violencia de género organizadas por Comunidad.

Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las 23 víctimas mortales registradas en España en lo que va de año.

http://www.20minutos.es/noticia/684503/0/

Las mujeres jóvenes "saben más sobre los maltratos y dejan antes al agresor"

M.J.C.. PAMPLONA

Martes, 20 de abril de 2010

Así se comentó ayer en un cursos organizado por la asociación navarra Aprodemm en Civican.

Cada día se registran en España una media de 450 denuncias por violencia doméstica o por violencia de género.

Las mujeres más jóvenes están hoy más informadas, detectan antes el maltrato, no lo aguantan tanto y por ello dejan antes al agresor. Aún así, los malos tratos siguen siendo una lacra en nuestra sociedad; cada día se registran una media de 450 denuncias en España.

Así se comentó ayer en Civican, en la primera charla que inició el curso "Violencia doméstica y violencia de género", organizado por la Asociación Pro Derechos de la Mujer Maltratada (Aprodemm), en colaboración con el Gobierno de Navarra.

En la primera sesión participaron Sagrario Mateo Remiro, presidenta de Aprodemm, y Miguel Martínez Falero, abogado y colaborador de la asociación. El curso continúa hoy y hasta el jueves, en horario de 19 a 21 horas.

Un fenomeno gradualMateo comenzó por diferenciar entre "violencia doméstica", la que tiene lugar en el seno de la familia (sea entre hombre y mujer o entre niños y padres, abuelos, etc.) y la "violencia de género", entre hombre y mujer, habitualmente pareja o ex pareja. Asimismo, detalló los diferentes tipos de maltrato: físico (golpes, pellizcos, empujones, tirones de pelo, patadas, etc.); psicológico (insultos, humillaciones, gritos, aislar a la víctima de su familia y amigos, control de todo lo que hace...); sexual (obligar a tener relaciones...): y económico (el agresor controla el dinero y decide todo sobre los gastos), tipos que se pueden dar simultáneos.

Tambien recordó que el maltrato es "gradual", comienza de manera sutil y va aumentando. Mateo advirtió sobre la conducta habitualmente "embaucadora" y "manipuladora" del agresor -dice que es porque la quiere mucho, llora y afirma que no lo hará más, etc.-, pero mientras poco a poco va "anulando" a la víctima. "Y esto es algo que le puede pasar a cualquiera", avisó la presidenta de Aprodemm.

"Muchas decíamos que a nosotras nadie nos iba a maltratar".

Eso sí, animó a romper con el maltrato y a acudir al médico, al psicólogo, a la policía o a la asociación para pedir ayuda y asesoramiento, ya que, afirmó, "la sociedad ahora está más concienciada y apoya a la víctima".

Por su parte, Miguel Martínez detalló el procedimiento legal y judicial que se sigue, pero también apostó por combatir las raíces estructurales, familiares, culturales y sociales, de la violencia.

Hoy hablará la psicóloga forense Mª José Rodríguez de Armenta, sobre "Aspectos psicológico en los casos de violencia contra las mujeres" y sobre "las nuevas formas de maltrato".

http://www.diariodenavarra.es/20100420/navarra/las-mujeres-jovenes-saben-maltratos-dejan-antes-al-agresor.html?not=2010042001155896&idnot=2010042001155896&dia=20100420&seccion=navarra&seccion2=sociedad&chnl=10

UN ESTUDIO MUESTRA ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA

Una de cada cuatro mujeres manifiesta haber sido maltratada alguna vez por su pareja, tal y como se desprende de un estudio elaborado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y cuyos resultados se han dado a conocer hace unas semanas.

En la investigación, que lleva por títuloVariabilidad geográfica de la violencia contra las mujeres en España, han participado un total de 11.475 mujeres de toda España, entre 18 y 70 años (alrededor de 600 mujeres por cada comunidad autónoma). La obtención de la muestra se realizó a través los servicios de Atención Primaria de las diferentes Comunidades Autónomas, donde se entrevistó a las mujeres que acudieron a estos dispositivos durante 2006 y 2007, por cualquier motivo de consulta. Así mismo, se entrevistó a un total de 605 profesionales pertenecientes a 547 centros de salud de España.

Respecto a los resultados de la investigación, destacan los altos índices de violencia de género detectados (en concreto, el 24,8% de las mujeres entrevistadas), sobre todo en las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla (40,2%) e Islas Baleares (32,5%), y que suponen unos niveles más altos que los proporcionados por el Instituto de la Mujer. Además, la edad media de inicio de los malos tratos, tal y como han informado las mujeres entrevistadas, se sitúa en torno a los 25 años, y la duración media del mantenimiento de esta situación en 7 años, -alcanzando los 13 años de media en algunas comunidades como Castilla-La Mancha-.

Las mujeres participantes en el estudio también informaron de haber sufrido violencia fuera del ámbito de la pareja (15,2%). Este otro tipo de violencia fue ejercida mayoritariamente por parte de otros familiares, generalmente varones (7 de cada 10 agresiones).

El estudio realiza una comparación por Comunidades Autónomas, situando a las regiones de Ceuta y Melilla e Islas Baleares como las de mayor prevalencia de violencia de género (con un 19,8% y un 20,8% respectivamente), frente a Cantabria, que presenta los niveles más bajos (6,7%). Estos datos muestran una asociación con el número de denuncias registradas en estos territorios, aunque, sin embargo, no están asociados con los índices de mortalidad derivados de violencia contra las mujeres en dichas comunidades.

Fuente: Junta de Andalucía

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2841&cat=38

A vueltas con la ley de violencia de género

El texto legal debe ir acompañado de un compromiso real en inversión y en dotación de material.

Vuelve a ser objeto de polémica y debate la ley contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004). Debate que muchas veces se plaga de lugares comunes, imprecisiones y paradojas. Porque extraña que siendo una ley aprobada con un consenso parlamentario inusual, expresiva por ello de una voluntad democrática mayoritaria que escenificaba un acuerdo en una cuestión considerada prioritaria, y habiendo pasado el filtro de constitucionalidad hasta en 129 ocasiones al resolver el Tribunal Constitucional las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, en una suerte de referéndum judicial sin precedentes, siga siendo una de las normas más discutidas en nuestro ordenamiento.

Esta Ley, además de aspectos asistenciales, educativos y preventivos, desarrollados con dispar fortuna a la vista de las estadísticas de fallecimientos, establece también una serie de mecanismos represivos, penales y procesales, para hacer frente a la violencia que la norma llama «de género» y que bien podía haber calificado, sin tanto eufemismo, como «machista». Y aquí surge ya una de las críticas de principio que se vienen lanzando desde la tribuna de los medios, insistiendo en que no existe una violencia propiamente «de género» o machista.

Lamentablemente, el machismo no es una entelequia ideada por el feminismo. Y por desgracia, su más extrema expresión, la violencia machista, no es una fabulación delirante de grupúsculos feministas radicalizados. Es una vergonzante y sórdida realidad, demasiado frecuente, muchas veces oculta, otras negada (siempre por quienes no la sufren), alimentada por inercias históricas y sociológicas, que ha traspasado épocas, clases sociales e ideologías. Es distinta por su origen del resto de violencias, de la doméstica de hijos a padres, de la terrorista, de la económica, etcétera, resto diferenciado entre los que también se encuentra la violencia de la mujer al hombre, cuya pretendida equiparación a la violencia de género nos parece un sesgado esfuerzo ciego y sordo a la realidad social. Esto no quiere decir que las demás violencias no existan o que sean más leves. Simplemente, que es una realidad criminal específica y diferenciada. Sobre ésta y no otra realidad concreta opera la Ley pues ése era su objetivo. ¿Que otras violencias -de hijos hacia padres, de mujeres a hombres- también existen y deben ser tratadas legalmente? De acuerdo, pero es otro debate.

Respecto de la aplicación judicial de la Ley, se trata de difundir la sensación de que la represión penal de la violencia machista está plagada de abusos y denuncias falsas. En este punto nos planteamos qué es eso de una «denuncia falsa». Si limitamos el concepto a la denuncia de un delito inexistente, «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad» (artículo 456 del Código Penal) no parece que el fenómeno merezca una respuesta distinta a la que recibe cuando se trata de cualquier otro delito falsamente denunciado. También se denuncia falsamente en el ámbito de los delitos económicos, en los delitos contra la propiedad, contra las personas, o contra la administración, y a nadie se le ocurre por ello derogar del Código Penal los delitos económicos, o los hurtos, las lesiones, o los cohechos. La denuncia falsa es en sí misma un delito y existen mecanismos para su castigo. En cualquier caso, las estadísticas revelan un mínimo de denuncias falsas.

La cuestión se vuelve más oscura si por «denuncia falsa» entendemos la que finalmente acaba en un sobreseimiento del imputado o en una absolución. Y es que para culminar con una condena no sólo habrán de superarse los principios propios del Derecho Penal, como el de intervención mínima o presunción de inocencia, comunes a todas las infracciones criminales, sino que se presenta toda una problemática específica propia de la realidad a la que la LO 1/04 pretende responder: el desarrollo del proceso penal no corre parejo al de las relaciones interpersonales. Una víctima se decide finalmente a denunciar en un momento crítico, de especial tensión, pero se vuelve, por más que puedan articularse medidas cautelares, a una realidad y un entorno social y familiar que harán la mayoría de las veces muy complicado que persevere en su inicial propósito con la misma convicción que quien ha sufrido por ejemplo un robo o una estafa de un desconocido, durante la pendencia de un proceso que también puede dilatarse en el tiempo.

Esta situación no la desconoce nuestro ordenamiento, sino que la ampara cuando establece que la denunciante no tiene obligación de declarar si ello implica perjudicar a quien aún es su pareja; es decir, la víctima denuncia, pero la ley no le obliga, a diferencia de lo que ocurre cuando el presunto responsable no es familiar, a declarar en el procedimiento contra él. En este sentido el informe del observatorio estatal de violencia sobre la mujer señalaba en el año 2007 un 68,86% de denuncias frustradas por la renuncia de la mujer durante el juicio.

Por otro lado la secular carencia de medios de la Administración de Justicia asoma también en esta materia, y no parece que debamos dejar de reflexionar sobre si la víctima inicialmente decidida pierde algo de confianza en el sistema cuando se topa con él y sus carencias. La erradicación de la violencia machista ocupa grandes espacios en los medios, en las actuaciones del gobierno, en la legislación, pero todo esto es papel mojado si no va acompañado de un compromiso real, expresado en inversión y dotación material. Se echan en falta los medios que hagan posible la valoración de un maltrato psicológico y/o habitual en plazos acordes con la premura y rapidez que se pretende del procedimiento penal en este campo. Por ejemplo, según el informe del observatorio contra la violencia doméstica y de género de septiembre de 2008 sólo un 11,36 % de los juzgados de violencia sobre la mujer disponen de unidad de valoración forense integral en el partido judicial en el que se encuentran.

Los puntos de encuentro son insuficientes para atender la demanda en supuestos de crisis de pareja, lo que unido a la aceptada mentalidad «lazarillesca» puede llevar en ocasiones a considerar la posibilidad de buscar una solución más rápida por una vía dudosa, la penal, a la que en otro caso no se habría recurrido.

La principal peculiaridad procesal de esta Ley es que establece una específica medida cautelar, la Orden de Protección, para evitar entre otras cosas la aproximación a la denunciante. Y como toda medida cautelar, requiere para su adopción la existencia de indicios de la comisión del delito. Todos los días se deniegan y se conceden órdenes de protección. Se deniegan en muchas ocasiones porque, frente a lo que algunos han llegado a reclamar en un «alarde» de comprensión de lo que es un Estado de Derecho, no ha de bastar una mera denuncia para someter a un ciudadano a una medida penal, pues sigue gozando de presunción de inocencia -pese a que la ley emplea en este ámbito, no los términos «denunciado» o «imputado», sino «presunto agresor», y «agresor», para horror de cualquiera con un mínimo de sensibilidad hacia las garantías constitucionales-. En otras el Juez concede la medida y, aunque parezca ocioso recordarlo, lo hace mediante resolución motivada y susceptible de recurso.

La Ley no es perfecta ni ha supuesto el descubrimiento del bálsamo de Fierabrás. Requiere un soporte económico, un desarrollo completo en el ámbito de cada comunidad autónoma, insistir en la educación que trate de erradicar por convicción estos comportamientos y, sólo en último término, recurrir a la represión y a la prevención general, a través del ejercicio de la acción penal en los Juzgados. Incluso puede surgir la tentación de caer en el ejercicio «defensivo» de los medios que el Estado pone en manos de sus servidores, como reacción preventiva ante el temor de acabar siendo chivo expiatorio de un escándalo mediatizado. Pero no es aceptable trasladar a la ciudadanía la sensación de que en los juzgados se arranca a padres de sus hogares y familias con base en meras denuncias, alimentadas por un supuesto lobby de la llamada «ideología de género», espectro que lleva camino de tener idéntico éxito y fundamento que la famosa conspiración judeo-masónica.

No desconocemos que las opiniones son encontradas en esta materia, también dentro de la Judicatura, algo lógico y saludable en ejercicio de la libertad de expresión que como ciudadanos también disfrutamos los jueces. Por ello queremos insistir en que no se deben hurtar los debates con la descalificación del contrincante o de aquél cuya opinión no sea políticamente correcta en cada momento recurriendo a la amenaza del amedrentamiento disciplinario, si es que realmente se dispone de argumentos para rebatir, y de algo más sólido que una repetición en bucle de eslóganes. Y es que un debate plural aporta más a la formación y a la prevención que la mera recepción pasiva de consignas, al menos si nos creemos que el ciudadano tiene capacidad de razonar.

http://www.lne.es/opinion/2010/03/20/vueltas-ley-violencia-genero/889312.html

Gobierno vasco ayudará a las mujeres maltratadas a independizarse de su agresor y facilitar su inclusión social

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco aprobó, en la reunión del Consejo de hoy, la orden del consejero de Interior, Rodolfo Ares, por la que se establecen las ayudas, equivalentes a seis meses de subsidio por desempleo, a percibir por las mujeres víctimas de violencia de género con el objetivo de que puedan independizarse de su agresor y facilitar su inclusión social.

Dicho programa de ayudas se incluye en el contenido de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y pretende facilitar a aquellas víctimas carentes de ingresos unos recursos mínimos que les permitan independizarse de su agresor y facilitar su inclusión social.

Dentro de las herramientas de apoyo a estas víctimas se encuentran las ayudas sociales previstas en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, destinadas a facilitar a aquellas víctimas que carezcan de los recursos económicos necesarios unos ingresos mínimos de subsistencia que les permitan independizarse de su agresor hasta lograr un empleo, especialmente en aquellos casos que, por las características de la víctima, se presume que tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y que no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

De esta manera, la cuantía de las ayudas ascenderá, con carácter general, al equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, si bien podrán aumentar, en aquellos casos en los que la víctima tenga familiares, menores o personas discapacitadas a su cargo, hasta un máximo equiparable a veinticuatro meses de subsidio.

Para ser beneficiaria de las ayudas recogidas en esta Ley es necesario que la víctima se encuentre empadronada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, tener especiales dificultades para obtener un empleo, así como acreditar la existencia de agresión de género mediante sentencia condenatoria, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal.

La solicitud de las ayudas se podrá realizar a través de los servicios sociales de base municipales, en la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género o en el servicio Zuzenean.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-gobierno-vasco-ayudara-mujeres-maltratadas-independizarse-agresor-facilitar-inclusion-social-20100302134512.html

Violencia en el ámbito doméstico: Los Mayores, víctimas ocultas del maltrato

Los abusos a ancianos registran un bajo nivel de detección

Casi el 100% de los casos son causados por familiares y cuidadores

Crear una casa de acogida para casos urgentes de mayores maltratados y establecer una línea de teléfono similar al 016 de víctimas de violencia machista puede ayudar a estos ancianos, que en la mayoría de los casos callan su situación porque quienes ejercen los abusos pertenecen a su propia familia.

Son propuestas contenidas en 'Personas mayores en condición de Vulnerabilidad, Maltrato y Abuso', un trabajo que aborda desde el estudio de factores de riesgo pasando por la prevención y protección tanto jurídicas como de respuesta social y sanitaria.

La obra, presentada en Madrid, es una iniciativa del vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Pío Aguirre.

Obedece su publicación -dice Aguirre-, a que las estadísticas atestiguan claramente que los niveles de abusos y maltrato en los colectivos de mayores y de discapacitados son "considerablemente mayores" a los del resto de las personas y, además, registran un bajo nivel de detección.

El capítulo dedicado a la respuesta socio-sanitaria, firmado por los expertos Carmen Sánchez, Antonio Martínez y José Díaz Huertas, apunta a que los recursos de prevención, diagnóstico e intervención "no son muchos ni están demasiado coordinados", y tampoco hay protocolos ni medios especiales.

Además, existe la dificultad de la víctima a contar el abuso, ya que tiene una gran dependencia afectiva de su familia y cuidadores y, en muchos casos, resulta más dramático denunciar a una persona a la que quiere y de la que se encuentra necesitada para hacer muchas de sus actividades cotidianas que el propio maltrato.

De hecho, la baja detección de casos de maltrato y violencia en los mayores se debe a que casi el 100% se producen por personas muy cercanas a la víctima, familiares y cuidadores.Y el camino que lleva a los juzgados o a las comisarías no tiene un fácil recorrido para los mayores. Son bastante desconocedoras de qué deben hacer cuando son maltratadas o dónde tienen que denunciar.

Para frenar el problema, estos tres expertos plantean hacer un protocoloque permita a los médicos detectar maltrato en pacientes de edad; establecer una línea de teléfono de asesoramiento, similar al 016; crear una casa de acogida para casos urgentes; y definir un mapa sociosanitario en cada municipio, entre otras propuestas.

Sobre las medidas jurídicas de prevención y protección, las jueces Asunción Perianes y María Jesús Alia apuntan a que una normativa disgregada entre diversos órdenes jurídicos obliga a la víctima a iniciar "un peregrinaje de actuaciones jurídicas con el inconveniente de que en la mayor parte de los casos depende de las personas que ejercen los abusos".

"Sería conveniente que el legislador tuviera en cuenta esta realidad y creara soluciones en la misma línea que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género", defienden las dos magistradas.

La publicación también llama la atención sobre el abuso económico a las personas mayores, "cada vez más frecuentes", según el capítulo firmado, entre otros, por el fiscal Carlos Ganzenmüller.

Del mismo modo en que opera en otro tipo de delitos (por ejemplo de violencia de género), "una mera comunicación ya sea verbal ya escrita a la policía o a la fiscalía de tutelas e incapacidades puede acabar de forma inmediata con estos abusos", señala el fiscal.

Por último, la profesora de la UNED Teresa San Segundo Manuelenumera una serie de señales de alarma para saber cuándo una persona está sufriendo abusos, como insultos, humillaciones, amenazas, chantajes, aislamiento, control del dinero y del gasto.

El maltrato puede ser físico, aunque no cause lesión; psicológico, el más frecuente y que va desde el trato con malos modos a la amenaza de abandono; el económico, si se le priva de su patrimonio o no se le facilita dinero para sus gastos; y el abandono del anciano, al no darle la medicación correcta y descuidar su alimentación o su aseo.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/20/espana/1266663563.html