Los delitos sexuales y violentos provocados por menores aumentan

Los menores son un problema de todos. De ahí la preocupación por parte de padres, profesores y de la sociedad en general para salvaguardar su bienestar. Pero también la tiene el Ministerio Ministerio Fiscal en el caso de garantizar su responsabilidad cuando cometen un delito. Actualmente, y tras varios sucesos recientes protagonizados por menores, esta preocupación está más presente que nunca y la Reforma de la Ley del Menor en el punto de mira.

Ante esta situación, y con los datos recientes recogidos en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado referidos a 2008, hay que destacar el aumento de los delitos realizados por menores de edad en Castilla y León. Aunque no se trata de una subida demasiado elevada, lo cierto es que las diligencias previas registradas en 2008 aumentaron un 6,91 por ciento con respecto a 2007 -el número de incoaciones pasó de 6.320 a 6.757 en 2008-. En este sentido, cabe destacar la subida en la provincia de Palencia, de un 82,6%, y las disminución de las causas en Valladolid y Zamora, 1,6 y 3,06 por ciento menos, respectivamente.

Entre Los delitos que más aumentan están precisamente los que tienen una mayor trascendencia mediática y los que más «asustan» y sorprenden a la propia sociedad. Son los que atentan contra la libertad sexual -agresiones sexuales, acoso y abuso sexual- y los que se refieren a la violencia doméstica o de género. En el primer caso, crecieron un 36,2 por ciento respecto al año anterior hasta llegar a las 79 resoluciones. A la cabeza en esta triste clasificación se encuentran las provincias de Segovia, Valladolid y Zamora, donde se llega a triplicar el número de casos en tan sólo doce meses.
En lo referido a los asuntos de violencia doméstica o de género -en el que se incluirían, por ejemplo, las agresiones a los padres- aumentaron un 33,09 por ciento al pasar de 106 casos a 141 en un año. Especialmente importante fue la subida en la provincia de Burgos-de 5 a 12 casos- y León.

Más robos
Aún mayor fue el aumento de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en los que se analizan los casos de hurtos, robos con fuerza, con violencia o intimidación. Con una subida generalizada en casi toda la región se detectaron un total de 1.754 delitos, lo que supone un aumento del 55,5 por ciento. Las provincias de León, Segovia y Valladolid son las que experimentaron las subidas más pronunciadas y sólo en Palencia y en Zamora se mantienen las cifras del ejercicio 2007.

Dentro del total de incoaciones en 2008 -6.757- un total de 1.074 se resolvieron con una sentencia condenatoria, con o sin conformidad, es decir, que el menor infractor reconozca o no su culpabilidad. Las medidas tomadas en estos casos van desde internamientos en centros para menores hasta trabajos en beneficio de la comunidad. Son las sentencias que apuntan esta última posibilidad uno de los que más han bajado al reducirse un 22,76 por ciento en 2008 -de 571 a 441-. Mayor caída aún se ha dado en los fallos que decretan condenas de dos o tres días en un centro, que pasaron de 226 a 137, lo que supuso un descenso del 39,3 por ciento.

Por el contrario, los internamientos -de más días- y la libertad vigilada aumentaron respecto a 2007, un 10,4 y un 31,09 por ciento, respectivamente. Esta situación pone de manifiesto que las causas son más graves que en ejercicios anteriores, lo que obliga a los jueces a endurecer sus penas.

Excesiva alarma
Pese a los datos conocidos, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, considera que en los últimos tiempos algunos casos relacionados con menores, tanto dentro como fuera de la Comunidad, han «producido alarma o tenido un tratamiento procesal más allá de la estricta gravedad que merecían en criterio de la Fiscalía».

En este caso se encuentra el juicio por la muerte de un joven en una zona de bares de Burgos que está todavía subyúdice por recurso de apelación de la sentencia definitiva y en el que la fiscalía consideró de menor gravedad respecto a la acusación particular.

Martín Granizo reconoce que estas situaciones concretas «han fomentado la polémica sobre el alcance, gravedad y suficiencia de las medidas», que, en su opinión, «son suficientes y adecuadas a la gravedad de los hechos y la responsabilidad y edad de los menores».

El fiscal jefe recuerda que la Ley del Menor fue modificada «al alza» en fechas recientes e insiste en que «no es conveniente valorar los hechos en caliente, sino hacer una valoración más meditada y sobre todo el cúmulo de infracciones cometidas por los menores».