Alicante y Tarragona han sido las dos últimas ciudades que se han teñido de negro a causa de la violencia doméstica. En un solo fin de semana, dos mujeres de estas dos provincias han compartido, sin saberlo, un mismo trágico final. Un hombre de 72 años, de nacionalidad inglesa, mató con una escopeta a su pareja sentimental, una compatriota de 55 años, y posteriormente se suicidó en un chalé del casco urbano de San Fulgencio (Alicante), mientras que a unos 400 kilómetros se repetía la misma escena. Un varón de 53 años mató de un disparo a su mujer de 48 en su piso de Vila-seca (Tarragona). Ambos asesinos también corrieron la misma suerte: se suicidaron después de cometer el crimen.
Estas dos víctimas han elevado a 45 el número de víctimas mortales por violencia doméstica durante este año, aunque el Ministerio de Igualdad está investigando dos casos más que podrían engrosar la estadística (el de Marta del Castillo y otro ocurrido en la provincia de Cádiz). En el mismo periodo del año pasado, se produjeron un total de 55, es decir, que durante los 10 primeros meses del año han muerto 10 mujeres menos a manos de sus maridos. No obstante, la cifra continúa preocupando sobremanera a los expertos que cuestionan la efectividad de la Ley Orgánica de de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que el próximo enero cumplirá cinco años desde su entrada en vigor.
María Pérez Galván es una de esas juristas que consideran que la norma "no está dando el resultado esperado". Es la responsable en Andalucía de Zarraluqui, uno de los despachos españoles más reputados de Derecho de Familia, y tiene una gran experiencia en este ámbito. Desde esa privilegiada posición analítica, Pérez afirma que se está haciendo un mal uso de la ley, lo que está derivando en un aumento de la carga de trabajo y, lo que es peor, de la desprotección de la víctima: "En plena crisis de pareja, es frecuente que se discuta o se dé un portazo, pero no todo debe derivarse al juzgado de violencia, ya que con frecuencia impide que se pueda alcanzar un acuerdo".
La causa subyacente de ese incremento de denuncias es, según la responsable en Andalucía de Zarraluqui, de los propios letrados: "Desgraciadamente, hay abogados que aconsejan a sus clientes como primer paso denunciar para, desde una posición de superioridad, con una orden de alejamiento, una pensión establecida y el uso de la vivienda acordado para ella, sacar partido a los efectos civiles de toda separación o divorcio". Por ello, recomienda a sus colegas que "distingan el ilícito penal de la mera discrepancia o portazo porque una denuncia infundada a veces produce un efecto perverso y es entonces cuando el hombre ataca".
De la misma opinión es el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia. Isidro Niñerola es de los más críticos con la ley y constata que los letrados a los que representa son de su misma opinión. "La ley tiene muchos defectos y el principal es que no da una verdadera cobertura a la víctima", opina, y añade que ésta es una denuncia generalizada en el gremio de abogados de familia.
El escollo primordial que en opinión de Niñerola está lastrando la norma es el de los juzgados de violencia doméstica. En su opinión, "se deberían eliminar de estos juzgados, que fueron creados por la misma ley, las competencias civiles manteniendo, como es obvio, las medidas civiles derivadas de la orden de protección". Esto conseguiría, según este abogado, un triple efecto: descolapsar los juzgados de violencia de género, dar mayor protección a la víctima y crear más juzgados en agrupación de partidos judiciales cuando la carga de trabajo lo precise de acuerdo por los criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Estas deficiencias han provocado que en todos los foros de la Asociación Española de Abogados de Derecho de Familia los expertos hayan pedido la reforma de la ley para así crear la llamada jurisdicción de familia porque, como denuncia su presidente, "es inconcebible que un juez que está con un arrendamiento urbano tenga que dictar una sentencia del uso de la vivienda familiar".
Más allá de los efectos de la ley, lo que critican otros expertos es el desconocimiento que existe de la misma. Es el caso de Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que hace un buen balance de la norma, pero que sin embargo critica a la Administración por no hacer campañas publicitarias explicando los derechos y recursos que tienen las mujeres maltratadas. De hecho, pone énfasis en que la mayor parte de las víctimas de violencia doméstica no denuncia porque, en su opinión, desconocen la legislación. "La ley ofrece una serie de derechos laborales como el cambio de centro de trabajo, de ciudad o la posibilidad de disfrutar de una excedencia, que la víctima no conoce", indica. Por ello, Gonzalo cree que una de las medidas que podrían frenar el incesante goteo de muertes por violencia machista es que la Administración llevase a cabo una campaña en la que no sólo se animase a la presentación de la denuncia, sino que se informase de los derechos que ello conlleva.
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