Solo el 7% de los maltratadores fracasa en la rehabilitación y abandona la terapia

RESULTADOS MUY POSITIVOS EN LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN CON MALTRATADORES CREADOS POR Mª JOSÉ RODRÍGUEZ DE ARMENTA

PAMPLONA.
j.m.s. - Martes, 27 de Octubre de 2009 -

DURANTE EL AÑO PASADO SE SOMETIERON A PROGRAMAS ESPECIALES 158 CONDENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El 7% de los maltratadores que deben acudir a programas de rehabilitación por mandato judicial acaba fracasando y abandonando el tratamiento. La consecuencia de este desenlace es que la persona condenada debe ingresar en prisión para cumplir de forma íntegra la pena privativa de libertad.

Así se desprende de los datos contenidos en la memoria del Servicio Social Penitenciario del pasado año, donde consta que 158 maltratadores condenados por sentencia firme debieron completar programas de rehabilitación.
De ellos, 45 recibieron el alta terapéutica por haber concluido con éxito el programa ordenado por el juez.A finales de 2008, otros 102 condenados por violencia sexista continuaban siendo tratados, mientras que un total de 11 penados terminaron en fracaso terapéutico.
En concreto, cuatro de los pacientes fueron expulsados y siete abandonaron por propia voluntad la rehabilitación.

En todos estos casos, la suspensión de la condena queda revocada, de modo que los maltratadores deben ingresar en prisión para cumplir la pena de privación de libertad que se les impuso en el juicio. La detención se produce de forma inmediata cuando el juez sentenciador tiene conocimiento de la incidencia.

El Código Penal les había brindado una segunda oportunidad para no ingresar en prisión. Habían cometido su primer delito y la condena que les había impuesto el juez no rebasaba los 2 años de cárcel. Pero finalmente han sido encarcelados por volver a delinquir o no cumplir las exigencias de los programas de reinserción que les impuso el juez en la sentencia.
En Navarra, en torno al 5% de las suspensiones de ingreso en prisión acaban haciéndose efectivas, según los datos del Servicio Social Penitenciario.

Este dato significa que el 95% restante se reinserta correctamente gracias a la aplicación de las Medidas Penales Alternativas (MPA), gestionadas por el Servicio Social Penitenciario y de las que se benefician actualmente 523 personas en la Comunidad Foral (incluidas personas con problemas mentales o de drogodependencia), lo que implica la suspensión condicional del encarcelamiento.

Para poder beneficiarse de la libertad vigilada el acusado debe carecer de antecedentes penales, es decir, debe enfrentarse a su primera condena y la pena impuesta no debe superar los 2 años de prisión. Existen excepciones que conciernen a los drogodependientes (penas de hasta 5 años de prisión), enfermos muy graves o terminales (por motivos humanitarios) y enfermos mentales (medida de tratamiento terapéutico).

Los requisitos para que no se ejecute la pena de prisión es no volver a delinquir durante un plazo que oscila entre los 2 y los 5 años, acogerse a un programa terapéutico (caso de maltratadores o personas drogodependientes) y respetar el alejamiento de la víctima establecido en la resolución judicial.

Durante el año 2008, se mantuvieron en situación de libertad vigilada 408 penados en la Comunidad Foral. De ellos, 133 eran drogodependientes, mientras que entre los 275 restantes, que se beneficiaron de la suspensión de la condena por tratarse del primer delito y ser condenados a menos de 2 años (212 lo fueron por asuntos de violencia sexista, 16 de violencia doméstica, 9 de seguridad vial y 36 por otros delitos).

De las 90 suspensiones que concluyeron por el cumplimiento total del plazo, 14 de ellas fueron revocadas (el 3,4% del total y el 15% de la cifra relativa). Al finalizar el plazo, el magistrado juzgador comprueba el registro de penados y si constata que el acusado cometió un delito, ejecuta la condena de forma íntegra, con el correspondiente ingreso en prisión. Si el penado incumple la medida judicial, la detención es inmediata.

La cifra se ha elevado durante este año hasta las 523 personas. Además de los casos pendientes de 2008, los jueces han decretado 193 suspensiones de condena más. Durante el presente año han debido ser revocadas un docena de suspensiones, la mitad de ellas referidas a casos de violencia de género (5 de ellas por incumplimiento de los programas y una por cometer un nuevo delito), y la otra mitad en casos de drogodependencia (todos ellos por abandono de la comunidad terapéutica).

La adopción de las Medidas Penales Alternativas va en aumento, al acumularse unos expedientes sobre otros. Son medidas más baratas que la prisión, porque el 80% de los penados está en casa y la mitad trabaja,y los autores del delito coparticipan en la solución al problema que han generado. Además, se aplican en los casos de delincuencia menos grave, de modo que se evita ingresos en prisión de personas de escasa peligrosidad.

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