Se abren nuevas expectativas para la lucha contra la violencia de género.
El Congreso de los Diputados ha pedido hoy al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.
Así se recoge en el informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que ha sido aprobado hoy con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque populares y nacionalistas catalanes se reservan la posibilidad de presentar un voto particular en el que solicitar nuevas medidas que hasta ahora no han sido incluidas en el texto.
De este modo, los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo, que será votado el martes 17 en la Comisión de Igualdad. El documento final, elaborado tras la comparecencia de una treintena de expertos, se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas.
En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.
«Se utiliza poco»
Un reciente informe del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial reveló la "escasa incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la imputabilidad del autor" en estos casos, ya que no se había considerado eximente completo en ninguna de las 530 sentencias analizadas y sólo en cuatro (0,89 por ciento) fue tenido en cuenta como eximente incompleto.
Por otra parte, los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. Además, solicitan que no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya existido violencia de género.
En el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP), ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia ni y de los organismos públicos.
Sin embargo, el PSOE ha retirado del texto de las conclusiones su propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas con el padre porque "los servicios jurídicos así lo aconsejaban".
Las informaciones del tema
El Congreso denuncia que la "cultura mediática sigue hipotecada por la persistencia de contenidos (informativos, de entretenimiento, de opinión, publicitarios) que legitiman la violencia de género y que se conforman como un elemento cultural decisivo que refuerza el sexismo y dicha violencia". Por ello, reclama a los medios de comunicación que apliquen sus Códigos de Autorregulación para mejorar el tratamiento informativo de estos casos y temas y que recojan "el esfuerzo de las mujeres que están saliendo del maltrato".
Por otro lado, según el texto, es necesario que los profesores de los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años para que los niños creen "relaciones igualitarias desde la infancia".
En la misma línea, los diputados solicitan que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los equipos psicosociales, así como que se mejore la coordinación de las administraciones y de los profesionales involucrados en esta lucha.
Asesorar antes de la denuncia
En el texto, se propone que las mujeres reciban asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección para que conozcan de las consecuencias que implica esta decisión.
Además, se reclama al Ministerio de Igualdad que desarrolle un sistema estadístico que permita contabilizar y visualizar la recuperación de las víctimas.
También se pide incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las víctimas de la violencia de género, especialmente en los ayuntamientos, y que se flexibilice el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones por parte de los hombres.
Del mismo modo, el Congreso solicita que se modifique la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que los juzgados especializados en violencia de género puedan asumir el trabajo de aquellos juzgados compatibles de otros partidos judiciales que estén sobrecargados de trabajo. Es el proceso que se conoce como "comarcalización" o "territorialización" de los juzgados especializados.
Más despliegue policial
En cuanto a cuanto a la actuación policial, el informe reclama incrementar los agentes destinados a las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar su formación y los medios materiales de los que disponen. Además, pide la aprobación de un Manuel de Buenas Prácticas común a los cuerpos estatales, autonómicos y locales.
El informe admite el escaso número de mujeres que han solicitado una suspensión o extinción de contrato por violencia de género y la limitada repercusión de las medidas que fija la ley para fomentar el empleo en este colectivo.
La portavoz socialista, Carmen Montón, destacó el "consenso" de la Cámara en violencia de género y recalcó que la Ley, aprobada a finales de 2004, es un "instrumento válido" que necesita profundizar en su desarrollo "antes de hablar de cambios".
La representante del PP, Susana Camarero, dijo que su formación está "contenta" con las conclusiones de la Subcomisión pero "no del todo satisfecha" porque considera, al igual que CiU, que se deben separar los asuntos civiles de los penales de los juzgados especializados para evitar mayores "colapsos". También quiere que el sistema de valoración del riesgo de las víctimas "sea realizado por un equipo multidisciplinar y no por una máquina".
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